EPS Ilo invertirá 15 millones de soles para mejorar calidad de agua potable y alcantarillado.

Tarifas de agua potable no se incrementarán a la entrada en vigencia del nuevo estudio tarifario.

Se instalarán y renovarán 9320 medidores y se pondrá especial énfasis en el cuidado de las fuentes de agua.

Ilo, 28 de noviembre de 2019.- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó, en audiencia pública, los detalles del proyecto de estudio tarifario de la EPS Ilo S.A., el cual busca mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado durante los próximos cinco años y contempla un plan de inversiones de S/15,4 millones para el quinquenio regulatorio 2019-2024.

De dicho monto, S/11,7 millones serán financiados con recursos propios generados a través de la tarifa, para la mejora de la infraestructura de los sistemas de saneamiento. En tanto, S/2,3 millones son transferencias del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para fortalecer la gestión operativa y comercial de la EPS Ilo S. A., y S/ 1,4 millones se canalizarán para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese) y la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

 

Entre los principales beneficios de la actualización tarifaria está la instalación y renovación de 9320 medidores para promover el pago justo del servicio y controlar el desperdicio del agua. Asimismo, las horas del servicio de agua potable aumentarán en zonas críticas como Pampa Inalámbrica y se mejorará la atención a los usuarios, que deberán ser atendidos con prontitud ante problemas operacionales.

Además, se renovarán 9539 metros lineales de redes de agua potable para reducir el agua no facturada y también se renovarán 1583 redes de alcantarillado para evitar colapsos. De otro lado, se pondrán en marcha acciones para el cuidado de las fuentes de agua a través de proyectos que mejoren y aseguren la oferta hídrica para la localidad de Ilo.

ACTUALIZACIÓN TARIFARIA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE METAS

 Las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado no registran incremento alguno a la entrada en vigencia del nuevo estudio tarifario. Una vez culminado el primer año regulatorio, la Sunass evaluará el cumplimiento de las metas de gestión de la EPS Ilo S. A. y determinará si habrá o no reajuste en las tarifas.

La Sunass exigirá a la empresa cumplir durante el primer año con las metas relacionadas a continuidad promedio del servicio de agua potable, que deberá registrarse en 16 horas de agua al día. Asimismo, se deberán renovar 6 mil medidores e instalar 557 nuevos medidores para los usuarios que actualmente pagan una asignación de consumo o tarifa plana. EPS Ilo S. A. deberá, además, tener un seguro de bienes y de responsabilidad civil que permita resarcir los eventuales daños a la propiedad de los usuarios afectados por colapsos en redes.

Es importante saber que la mayoría de usuarios de la categoría doméstico de la EPS Ilo S. A. no pagan el costo real de los servicios de agua potable y alcantarillado que actualmente es de S/3.32 por metro cúbico (m3), es decir por mil litros de agua potable. Los usuarios domésticos son subsidiados por las categorías comercial, estatal e industrial y por aquellos usuarios domésticos que superan los 20 m3 de consumo al mes.

Cabe precisar que el proyecto de estudio tarifario busca no afectar la economía de las familias de menores recursos económicos. Para esto, a partir del segundo año regulatorio se implementará el sistema de subsidios cruzados focalizados, mecanismo que beneficiará a los usuarios pobres y en extrema pobreza de la categoría doméstico, quienes recibirán un mayor subsidio.

La determinación de este tipo de usuarios se establece a través de los Planos Estratificados del INEI y complementariamente con la Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El proyecto de estudio tarifario fue presentado en audiencia pública a más de 80 asistentes, entre autoridades locales y provinciales, representantes de juntas vecinales y sociedad civil.

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