La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, liderada por el fiscal Ronny Aguilar Escobar, realizó una diligencia de intervención el pasado 06 de mayo en la sede central del Gobierno Regional (GORE) de Moquegua. El operativo, que contó con el apoyo de la DIRCOCOR, tuvo como objetivo investigar el manejo de un lote de ropa donada por la Aduana.
Antecedentes de la diligencia
La intervención duró aproximadamente tres horas y se centró en los almacenes de la institución. La fiscalía actúa tras recibir denuncias sobre un presunto uso irregular de estos bienes. Según los reportes iniciales, las prendas habrían sido distribuidas en zonas de la provincia General Sánchez Cerro, como el sector de Somoa, presuntamente con fines ajenos a la asistencia humanitaria técnica.
Falta de aprobación del Consejo Regional
Uno de los puntos críticos de la investigación es el cumplimiento de los procedimientos administrativos. El consejero regional Modesto Quispe Jorge, presidente de la Comisión de Descentralización y Patrimonio, confirmó que la aceptación de esta donación no cuenta con un acuerdo del Consejo Regional.
De acuerdo con la Ley N.° 27867, cualquier donación a un Gobierno Regional debe ser aprobada formalmente por el Consejo antes de su recepción física e incorporación al patrimonio institucional.
Quispe adelantó que solicitará la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) para determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el ingreso y almacenamiento de la mercadería sin el filtro legal previo.
Postura del Gobierno Regional
Por su parte, el gerente general regional, Abraham Ponce, calificó la intervención fiscal como una «diligencia de rutina». Durante una rueda de prensa, el funcionario reconoció que la ropa se encuentra en las instalaciones del GORE, pero admitió que el trámite de aprobación ante el Consejo Regional aún está pendiente.
Asimismo, el GORE emitió un comunicado oficial asegurando que:
• Los bienes permanecen bajo custodia en los almacenes regionales.
• No se ha procedido con la distribución de las prendas.
• La entidad está colaborando con las autoridades competentes.
Posibles implicancias legales
Especialistas en gestión pública señalan que, de comprobarse la inobservancia de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los implicados podrían enfrentar sanciones en tres niveles:
1. Administrativo: Suspensión o inhabilitación funcional.
2. Civil: En caso de detectarse faltantes o deterioro de los bienes.
3. Penal: La Fiscalía evaluará si los hechos configuran delitos como omisión de actos funcionales, peculado o negociación incompatible.
La investigación fiscal continúa en curso para determinar si el ingreso de los bienes a los almacenes antes de su aprobación legal constituye una falta administrativa o un delito penal.