Lunes, 28 Noviembre, 2022
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Irregularidades en estudios para construir represas ocasionaron perjuicio de S/ 172 mil

Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en siete exfuncionarios por conformidad a servicios deficientes e inconclusos ejecutados por una misma empresa. 

La Contraloría General halló presuntas irregularidades en la ejecución y pago por servicios de consultoría a cargo de una misma empresa a la que se contrató para realizar estudios que favorezcan el represamiento de agua en la región, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 172 459; así como la presunta responsabilidad penal y administrativa de siete exfuncionarios del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG). 

En el año 2019, la entidad ejecutó a través de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola (GEPRODA) tres consultorías: 1) Determinar la cantidad real de agua en la represa Pasto Grande (estudio de batimetría); 2) Estudios de pre inversión para la creación de una represa en Quebrada los Burros y 3) Estudios para el mejoramiento de riego en la subcuenca Huaracane. Para ejecutar estos tres servicios de consultorías, el PERPG contrató a una misma empresa y se presupuestó invertir la suma de S/ 703 379. 

El Informe de Control Específico N° 003-2022-2-5347-SCE (periodo del 16 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020) reveló que el PERPG designó, como supervisor de las tres consultorías, a un profesional que no guarda relación con el perfil requerido para la evaluación y supervisión de este tipo de servicios especializados. 

Además, exfuncionarios de la entidad otorgaron conformidad a los servicios a pesar que estos presentaban observaciones o estaban inconclusos, sin firmas ni sellos de los especialistas que realizaron dichos estudios. Es decir, no se encontraban acordes a los términos de referencia, y en algunos casos correspondía la aplicación de penalidades pero que la entidad pasó por alto. 

El Informe de Control Específico fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Moquegua para que disponga el deslinde de responsabilidades; así mismo fue remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios para el inicio de las acciones legales contra los exfuncionarios con presunta responsabilidad penal.

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